Con un cuarto de siglo XXI a nuestras espaldas, podemos decir con certeza que el fin del trabajo no sucedió. Hoy podemos seguir afirmando que la enorme mayoría de la población mundial vive económicamente de la venta de su fuerza de trabajo en el mercado.

Por ocupar el centro de nuestra vida social, el mercado de trabajo es objeto de múltiples preocupaciones, relatos, discursos, análisis y opiniones, muchos de los cuales se construyen en base a prejuicios y no al conocimiento de una realidad que es por demás compleja. El problema con la enorme mayoría de las opiniones que circulan en el espacio público sobre el mercado de trabajo es que desconocen la configuración y la dinámica que éste realmente tiene: optan por dictar cómo debería ser antes de conocer cómo efectivamente es.

Este informe fue realizado con la firme convicción de que, si realmente queremos un mejor, más desarrollado, más humano y más igualitario mercado de trabajo, es condición necesaria partir de un diagnóstico complejo sobre su funcionamiento, sus sectores, sus categorías, sus agrupamientos y sus núcleos problemáticos. Y la mejor forma de hacerlo es empezar por abordar los mitos y realidades sobre el mercado de trabajo cordobés. Pero primero, ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de pensar el mercado de trabajo?

Dijimos que el trabajo se ubica en el centro de la vida social. Es a partir del trabajo que la enorme mayoría de la población consigue dinero para vivir, accede a derechos como el acceso a la salud o la protección de la vejez, pasa buena parte de su tiempo, construye su principal ámbito de sociabilidad adulta, entre tantas otras dimensiones.

Pero, ¿Cómo funciona? ¿Qué circula en el mercado de trabajo? ¿Qué recursos valen?

Como metodología de trabajo, y para dar cuenta de la importancia del análisis de este informe, revisaremos una serie de indicadores que nos brindan datos sobre la dinámica, las categorías y la calidad del empleo en el mercado de trabajo:

• Tasa de actividad (proporción de personas que tienen una ocupación laboral o la buscan activamente sobre el total de la población)
• Tasa de desempleo (proporción de personas que, sin tener empleo, lo buscan activamente sobre el total de activos)
• Proporción de trabajadores en condiciones de informalidad (proporción de ocupados que, siendo asalariados, no perciben descuento jubilatorio, y siendo cuentapropistas, no realizan tareas con calificación profesional o técnica)
• Horas semanales trabajadas
• Categoría laboral, jerarquía laboral, calificación laboral y rama de actividad,
• Brechas de ingresos laborales totales e ingresos por hora.
• Proporción de ingresos laborales sobre ingresos totales
• Pluriempleo (proporción de personas ocupadas con más de una ocupación).

En nuestro aglomerado urbano, nuestro país y nuestra región, la proporción de la población para la que no existe “oferta” del mercado de trabajo formal es muy importante. En parte deudora del debate sobre el “fin del trabajo”, la economía popular se constituyó en una estrategia, a la vez, económica y política: una población resistente a ser definida como “excedente” se inventó su propio trabajo y sus propios criterios con los que disputar las nociones de utilidad y legitimidad social, pero a su vez generó ámbitos de asociatividad y organización sindical allí donde esto estaba vedado para quienes no contaran con inserción en empleos formales. Los debates que disparó la categoría de economía popular en los últimos años fueron por demás productivos, tanto a nivel institucional (creación de secretarías gremiales, gubernamentales y hasta ministerios), organizativo (creación de una central sindical), como académico (creación de metodologías para medir el tamaño de este fenómeno). Por todo esto incluimos, en este informe, un análisis sobre el volumen y la composición de la economía popular en Córdoba en la actualidad, como un elemento ineludible en el análisis de la dinámica y la estructura del mercado de trabajo cordobés.

Tomemos los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC) del primer trimestre de 2024, la base de datos más actualizada con la que contamos para hablar de mercado de trabajo. Digámoslo de la siguiente manera: de cada 10 cordobesas y cordobeses, 5 tienen un trabajo o lo están buscando activamente. La denominada tasa de actividad en Córdoba es apenas más elevada que la media nacional.

De esas personas (los “activos”), el 7,61% están desocupadas. Esto significa que, sin tener un trabajo remunerado, lo buscan activamente. Actualmente esta cifra está muy cerca del promedio nacional, aunque en muchos otros momentos del presente siglo la desocupación en Córdoba tendió a ser más alta que en el resto de Argentina.

Entre los ocupados, las ramas que más porcentaje del mercado de trabajo tienen son comercio (21%), industria (12%), construcción y salud (10% cada una), actividades administrativas y empleo doméstico (6% cada una) y enseñanza (5%). Pongámoslo de este modo: de cada 20 cordobeses o cordobesas con ocupación laboral, 4 trabajan en el comercio, 2 en la industria, 2 en la construcción, 2 en salud, 1 en tareas administrativas, 1 en el empleo doméstico y 1 en enseñanza. Los 7 restantes se reparten entre las ramas de actividad más pequeñas.

De cada 100 ocupados en Córdoba, 2% tienen puestos jerárquicos o directivos, 73% son asalariados (es decir, trabajan en relación de dependencia, tienen un patrón y cobran un salario a cambio de su trabajo) y 25% son cuentapropistas, trabajadores independientes o, según la jerga más de moda en la actualidad, emprendedores.

Contrario a lo que el discurso celebratorio plantea en la actualidad, esta categoría laboral (la de trabajadores por cuenta propia) no son los que poseen mejores condiciones laborales ni acceden a las mejores remuneraciones. Por ejemplo, en Córdoba los asalariados cobran, en promedio, un 23% más que los trabajadores por cuenta propia. En todo el país la distancia es aún mayor: los asalariados cobran en promedio un 34% más que los cuentapropistas. La distancia entre trabajadores con empleo formal e informal es aún mayor: los primeros cobran, en promedio, 134% más que los segundos.

De cada 100 ocupados en Córdoba, 47 (prácticamente la mitad) trabajan en condiciones de informalidad o precariedad laboral. Esto quiere decir que poseen actividades muchas veces no calificadas, con ingresos bajos o inestables, sin aportes jubilatorios, vacaciones pagas, días pagos por enfermedad, días con permiso por estudio, cobertura de salud, entre otras cuestiones.

Desde la perspectiva de las categorías laborales, en Córdoba los cuentapropistas tienen el doble de exposición que los asalariados a trabajar en condiciones de informalidad (ratio de 1,91), mientras que esta brecha en el total del país es todavía más amplia (2,63).

En la última década crecieron las voces que demandaban una flexibilización de las relaciones laborales como solución a un problema de estancamiento en la generación de empleo privado registrado (“empleo genuino” suelen llamarle), es decir, un crecimiento deficitario de la demanda de empleo formal y calificado en relación al crecimiento demográfico de la oferta laboral, fuerza de trabajo o mano de obra (población activa). ¿Qué podemos decir sobre la reforma laboral que exigen algunos formadores de opinión pública en el último tiempo? A partir de la caracterización de los segmentos del mercado de trabajo en la actualidad, se observa que una reforma flexibilizadora desestabilizaría la situación de la porción más protegida del mercado de trabajo, sin garantizar que esto mejoraría en nada la situación de la mitad “informal” de la fuerza de trabajo en Córdoba y Argentina.

El desafío es, justamente, empezar por identificar y reconocer las brechas y los grupos más afectados por los problemas de empleo, para así avanzar en la definición y diseño de intervenciones efectivas, con perspectiva de derecho y orientadas hacia la igualdad en toda la ciudadanía.

A nuestro entender, un primer obstáculo para esta tarea son los mitos que actualmente distorsionan la percepción realista del mercado de trabajo. Hemos identificado tres mitos fundamentales, que en el último tiempo permearon sobremanera el sentido común de la ciudadanía en general, pero también de muchos tomadores de decisiones fundamentales en esta materia:

1. La idea de que la brecha de género “no existe” (MITO 1)

2. La idea de que “la universidad ya no te prepara para el mundo del trabajo” (MITO 2)

3. La idea de que “los jóvenes ya no quieren trabajar” (MITO 3)

Estos mitos ocluyen la posibilidad de intervenir sobre grupos vulnerables en el mercado de trabajo, tanto como impiden identificar y fomentar recursos útiles para mejorar el acceso a empleo de calidad y la producción económica general de nuestra sociedad. En las próximas páginas los abordaremos uno a uno para poner en evidencia qué nos muestran los datos al respecto.

En el último tiempo, en términos tanto globales como locales, y como reacción al señalamiento de la brecha de género (cuando las estadísticas dan cuenta de que, en promedio, los ingresos salariales de las mujeres son inferiores al promedio de los varones), se abrió una grieta en el debate. Con cada vez más presencia en el espacio público, los sectores en contra de la agenda de género afirman que las cifras están mal interpretadas. Se argumenta que, cuando dichas estadísticas se controlan por calificación laboral y se ajustan a las capacidades de las y los trabajadores, la desigualdad desaparece.

Desde este punto de vista, en caso de existir diferencias de ingresos, no son resultado de desigualdad de género, sino de diferenciales en las capacidades, formación y elecciones familiares de los individuos.

Argumentos tales como “si las mujeres ganaran menos que los hombres, las empresas estarían llenas de empleadas mujeres” alimentan la idea de que, en general, las diferencias salariales entre varones y mujeres se explican a partir de decisiones personales y prioridades dispares entre unos y otros (por ejemplo, la libre y consensuada elección de la maternidad por parte de las parejas). De esta manera, se sobresimplifica la situación, homogeneizando un mercado de trabajo que es heterogéneo y desigual.

Empecemos a desmontar este mito. ¿Qué nos dicen los datos?

Un primer factor que es relevante corresponde a la segregación horizontal y vertical. Nos referimos, por ejemplo, a la participación mayoritaria de mujeres en ramas específicas. Mientras que en Córdoba los varones se encuentran sobrerepresentados en actividades de construcción (97,31%), financieras (84,61%) e inmobiliarias (85,42%), las mujeres representan el 96,13% del empleo doméstico, el 74,28% en la rama de enseñanza y duplican la presencia masculina en áreas como la salud y servicios, con ratios de 2,21 y 2,04 respectivamente.

Por otro lado, si a este dato le sumamos que en los puestos de dirección la presencia de varones casi cuadruplica a la de mujeres (ratio 3,67), encontramos en esta presencia minoritaria (conocida como “techo de cristal”) que, de cada 10 personas en puestos de dirección, 8 son varones. El techo de cristal se observa, también, en que teniendo más titulación de nivel superior que los varones, las mujeres tienen menos presencia en puestos con calificación profesional.

Por su parte, los varones en promedio trabajan de manera remunerada un 21% más de horas semanales que las mujeres en Córdoba. Insistimos en el adjetivo “remunerada”, porque es central. ¿Qué significa esto? Gran parte de la desigualdad se explica por las horas diarias que varones y mujeres pueden dedicarle al trabajo remunerado, en gran parte habilitadas por las horas diarias que le dedican (o no) al trabajo de cuidados no remunerado.

Si consideramos los ingresos por hora, en promedio los varones cobran un 8% más que las mujeres. Si consideramos el ingreso por hora de acuerdo al nivel de calificación de la tarea, la distancia es menor en ocupaciones con calificación intermedia (como dijimos, las más reguladas por convenios colectivos de trabajo), mientras que en tareas no calificadas alcanza un 26% y en profesionales alcanza un 34%.

Si bien la discriminación económica es uno de los elementos que dan cuenta la brecha salarial, no es el único. Para comprender esta diferencia debemos abordarla desde una perspectiva multicausal. En general, el grueso de las tareas domésticas y de cuidado recae sobre las mujeres, afectando su disponibilidad de horas semanales para generar ingresos económicos. Uno de los factores más importantes que dan cuenta de la brecha salarial es la diferencia de horas trabajadas de manera no-remunerada. Según los datos de la Encuesta Nacional de Usos del Tiempo de 2021 (INDEC), diariamente las mujeres dedican, en promedio, 6 horas 31 minutos a trabajo no remunerado, mientras que los varones le dedican 4 horas 40 minutos al mismo tipo de tareas. Las mujeres invierten un 77% más de tiempo diario que los varones en el trabajo de cuidados no remunerado, y esto sienta las bases para la dinámica de desigualdad de género. Creer que se trata de meras decisiones individuales ignora el hecho de su recurrencia estadística y de las consecuencias en múltiples ámbitos de la vida que plantea.

Si tenemos en cuenta este esfuerzo por conciliar las tareas del hogar con el mercado de trabajo, comprendemos que, en Córdoba, la disponibilidad semanal para actividades remuneradas es, en promedio, de 6 horas menos para mujeres, afectando negativamente el volumen de sus ingresos. Más allá de esto, como mostramos, en las tareas más calificadas y en las menos calificadas, los ingresos por hora son profundamente desiguales (entre un cuarto y un tercio superiores para los varones realizando tareas equivalentes en calificación).

Por otro lado, podemos inferir que la conciliación de tareas domésticas con la participación en el mercado laboral explica, en parte, la mayor incidencia del pluriempleo entre mujeres que entre varones: encontramos un 61% más de presencia de pluriempleo entre mujeres.

Si desagregamos este indicador por calificación, se observa que la incidencia del pluriempleo se concentra nuevamente en los extremos, siendo mayor entre las mujeres con empleos sin calificación, con calificación operativa y con calificación profesional respecto a sus pares varones (70%, 68% y 85% superior, respectivamente).

Esto puede implicar que el pluriempleo habilita un manejo de los horarios y una logística compleja que posibilita la conciliación entre trabajo remunerado y no remunerado (cuidados), aunque esto no equipara la remuneración.

En ese sentido, la reproducción de los estereotipos de género en el mercado laboral configura un escenario de desigualdad estructural que afecta el desarrollo profesional y el nivel de ingresos de las mujeres frente a sus pares varones.

Comparativamente, en Córdoba, en lo que se refiere a brecha de género entre varones y mujeres, los datos demuestran una incidencia tanto a nivel horizontal como vertical, tanto a nivel de acceso a puestos como en términos de recompensas o remuneraciones.

Los datos relevados dan cuenta no sólo de que la brecha de género existe, sino también que la estructura del mercado de trabajo se sostiene con paredes y techo de cristal.

En paralelo al proceso de desfinanciamiento que sufrieron las universidades nacionales durante 2024, hay cada vez más discursos que ponen en cuestión la “utilidad” individual de cursar una carrera universitaria. Uno de los argumentos más utilizados hoy es la idea de que la universidad ha dejado de ser una herramienta o una garantía de movilidad social ascendente para convertirse en un obstáculo o en una pérdida de tiempo valioso que podría ser invertido de mejor manera.

Independientemente del carácter infundado de esta idea en términos didácticos o pedagógicos (qué competencias específicas se necesitan para la docencia y el aprendizaje de un ejercicio profesional), lo cierto es que los datos indican que la universidad sí ofrece herramientas diferenciales para la inserción laboral, y que la titulación universitaria provee una protección fundamental contra la precariedad laboral y una llave de acceso a las mejores condiciones del mercado de trabajo en Córdoba.

Podemos empezar a romper este mito planteando lo siguiente: la tasa de actividad de personas con titulación de nivel superior duplica y hasta triplica la de aquellas personas con nivel secundario incompleta o inferior, mientras que su exposición al desempleo es menos de la mitad. En otras palabras: en el primer grupo tenemos más personas o bien trabajando o bien buscando trabajo, y entre aquellos que buscan trabajo, en el primer grupo lo encuentran en mayor medida que en el segundo.

Resulta llamativo que el fenómeno del pluriempleo crezca sobre todo en los niveles educativos más altos. En Córdoba las personas con ocupación y título de nivel superior tienen casi el doble de pluriempleo que quienes tienen nivel educativo hasta secundario incompleto (ratio de 1,82). Esto nos lleva a pensar que el pluriempleo en un contexto como el actual es menos una práctica de supervivencia que de complementación de ingresos para sostener un estilo de vida y un nivel de consumo.

En la misma línea, las personas con titulación superior están sobrerrepresentadas en la categoría de dirección (casi el triple de porcentaje en esta categoría que las personas con escolaridad obligatoria no finalizada). Ambos grupos están también sobrerrepresentadas en la categoría de cuentapropismo, pero mientras entre personas con titulación superior se trata de un cuentapropismo calificado, más asociado a profesiones liberales, entre personas con escolaridad obligatoria no finalizada se trata de oficios, actividades u ocupaciones informales, inestables y, en general, mal pagas.

En síntesis, más allá de los estereotipos que circulan sobre el éxito económico, lo cierto es que la titulación de nivel superior y, en parte, también la titulación de nivel secundario, funcionan como barreras de protección ante las inclemencias del mercado de trabajo: la informalidad y el desempleo. Al mismo tiempo, la evidencia sugiere que funcionan como plataforma para acceder a las mejores remuneraciones disponibles en el mercado.

La idea es potente. Se prende como una garrapata al sentido común. Lo que no podemos decir es que sea novedosa:

La queja de que las personas ya no quieren trabajar es tan frecuente que Paul Fairie, un politólogo norteamericano, hizo un hilo de Twitter con recortes de diarios de distintas décadas en los que hablaba del tema. El primero que encontró era de 1894, en el que un diario señalaba: “Se vuelve claro que en estos duros tiempos nadie quiere trabajar”. En 1916, hablando sobre el precio de los vegetales, un comerciante decía: “La razón para la escasez es que nadie quiere trabajar tan duro como antes”. En 1952, “Todos se están volviendo flojos, ya nadie quiere trabajar”. La última que puso es de 2022, “Uno de cada cinco líderes ejecutivos está de acuerdo con la frase ‘Nadie quiere trabajar’” (Sohr, 10 de junio 2023).

En nuestros días, una vez más esta idea se actualiza y se hace presente, esta vez contra la denominada Generación Z o Centennials. Generación Z o nativos digitales se volvieron expresiones comunes para identificar a la generación nacida desde mediados de la década del 1990. Sucesora de los Millennials, esta generación porta el estigma de formar parte de una “generación de cristal”, demasiado sensible y poco predispuesta para el esfuerzo y sacrificio que se autoatribuyen las generaciones predecesoras.

Al mismo tiempo, los discursos circulantes suelen identificarse con los lamentos de empleadores que deben lidiar con trabajadores menos dispuestos a “aguantar” y “resignarse”, ambas actitudes valoradas en un mercado laboral que públicamente enarbola otro tipo de habilidades como las más importantes para el trabajo en el mundo actual: “proactividad”, “habilidades blandas”, etc.

Con los datos que contamos, podemos preguntarnos: ¿Se trata de falta de disposición? ¿Qué sucede con las condiciones laborales y las remuneraciones?

En la población entre 15 y 29 años, la tasa de actividad asciende a 55% en Córdoba (4 puntos porcentuales por encima de la tasa nacional). Esto significa que, incluso incluyendo un tramo etario en edad teórica de escolarización obligatoria (15 a 17 o 18 años), entre 5 y 6 de cada 10 jóvenes están trabajando o buscando activamente trabajo. Esta tasa asciende a 68% (1,5 puntos porcentuales por encima de la tasa nacional) entre personas con 30 años o más.

En síntesis: además de ser un prejuicio poco original y cíclico, la noción de que los jóvenes ya no quieren trabajar es infundada, de acuerdo a los datos con los que contamos. En 2024 5 de cada 10 personas de 15 a 29 años está trabajando o buscando trabajo. De los 5 restantes, 3 están asistiendo a un establecimiento educativo (que puede ser de nivel secundario o superior). Y de los 2 restantes, una gran proporción realiza tareas de cuidado familiares u otras personas (es decir, trabaja pero sin remuneración económica).

Entre quienes tienen empleo, los más jóvenes están expuestos a peores salarios y a mayor informalidad, por lo que necesitando completar su formación (por el momento del ciclo vital en el que se encuentran) sufren mayores obstáculos para conciliar estudio y trabajo, viendo vulnerados sus derechos en diversos órdenes de la vida social.

¿Por qué nuestra sociedad repite que los jóvenes ya no quieren trabajar? El mito, por ello, sólo justifica el funcionamiento de un mercado de trabajo que sistemáticamente excluye y estigmatiza grupos específicos.

Economía popular: algunas líneas conceptuales

La economía popular es un fenómeno que se ha ido consolidando en el último cuarto del siglo XX producto de las transformaciones en el sistema capitalista a nivel global que impactaron profundamente en la configuración del mundo del trabajo. El desplazamiento del patrón de acumulación del capital de las actividades productivas a la valorización financiera puso fin a los ciclos previos de industrialización por sustitución de importaciones transformando profundamente la organización del trabajo en los países periféricos. La expansión de las actividades financieras, el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías y la consecuente reducción de mano de obra, generaron una expulsión sistemática de trabajadores/as del mercado laboral formal, dando inicio a una crisis de la relación salarial como principal ordenador social.

En nuestro país este proceso fue promovido a partir del modelo social y económico instaurado por el último golpe cívico-militar y profundizado en la década de los noventa, cuando la política de ajuste estructural se radicalizó y produjo: aumento del desempleo, de la pobreza y la indigencia, crecimiento de la precarización y la informalidad congelamiento de los salarios y agravamiento de la desigualdad en la distribución del ingreso. Todo lo cual derivó en el estallido social del 2001. En este contexto emergieron y se fueron desarrollando prácticas sociales y económicas vinculadas en un principio a estrategias de supervivencia de los sectores populares a los que el mundo laboral asalariado formal no les ofrecía estabilidad, seguridad social y los ingresos necesarios para su reproducción y las de sus familias, dando origen al fenómeno de la economía popular.

En tanto categoría, la economía popular, irrumpe en la escena pública de nuestro país para visibilizar realidades sociales y laborales de millones de trabajadores y trabajadoras que al día de hoy representan un desafío a ser abordado y atendido en clave de derechos, garantías y protecciones sociales. Nos propone re pensar y ampliar el concepto de trabajo, escindirlo de la noción clásica de “empleo asalariado” para visibilizar la existencia masiva de prácticas laborales y saberes que se desarrollan por fuera de esa forma y se encuentran socialmente no reconocidas o no valorizadas en términos económicos. En este sentido, resulta también una invitación a pensar nuevos procesos de integración social centrados en el trabajo a los fines de mejorar las condiciones de vida de las personas y sus entornos comunitarios.

A pesar de la gran heterogeneidad que caracteriza a las y los trabajadores de la economía popular, es posible definir algunas características comunes. La primera, es que realizan sus actividades laborales principales por fuera de las relaciones asalariadas tradicionales, cuentan con sus propios medios de producción y desarrollan distintas actividades económicas con el fin de generar ingresos para las familias a través de actividades comunitarias o mediante la producción y/o comercialización de bienes y servicios en mercados de baja institucionalización y alcance local. En segundo lugar, desarrollan sus actividades en condiciones laborales y productivas precarias, carecen de los derechos laborales y beneficios sociales y económicos vinculados a las relaciones laborales formales. Por último, la economía popular es una forma de organización laboral y productiva que se desarrolla principalmente entre los sectores más vulnerados de la sociedad.

Consideraciones para una medición de la economía popular

Existe un acuerdo entre quienes se dedican a estudiar la economía popular acerca de la complejidad que reviste realizar una medición del universo a partir de las fuentes oficiales. Es que el heterogéneo conjunto de actividades y formas organizativas que la componen, se encuentran en gran medida invisibilizado en las cuentas nacionales y las estadísticas públicas. Esto es así, porque las mismas fueron construidas para describir, cuantificar y explicar el mundo del trabajo a través de las relaciones asalariadas -supuestamente hegemónicas hasta pasado la mitad del siglo XX- por lo que las categorías utilizadas (por ejemplo: empleo, subempleo, desempleo) no alcanzan a captar otras formas laborales.

El principal instrumento para conocer el mercado laboral en nuestro país es, sin dudas, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Sin embargo, presenta serias limitaciones para captar la economía popular. Por un lado, porque se desarrolla únicamente en conglomerados urbanos, quedando excluidas las zonas rurales y todas las actividades que allí se desarrollan. Por otro, las categorías utilizadas se abocan fundamentalmente a la captación de formas de empleo, y no distingue el trabajo socio comunitario de otros trabajos no remunerados.

No obstante, pese a las limitaciones señaladas, las diferentes propuestas de medición disponibles se basan en la EPH. En el presente trabajo, a los fines de realizar un acercamiento lo más cabal posible al universo de la economía popular en Córdoba, optamos por la propuesta metodológica desarrollada por el Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA), la cual consideramos se ajusta más a la definición conceptual esbozada.

1. La misma propone la definición de cinco subpoblaciones constitutivas del universo ampliado de la economía popular delimitadas a partir de la categoría ocupacional, el grado de calificación de la ocupación, y los ingresos declarados. Las subpoblaciones sugeridas entonces son:
2. Cuentapropistas no profesionales: cuentapropistas que no sean profesionales. Pueden ser Técnicos, Operativo o No Calificados.
3. Desocupados no profesionales: desocupados que no hayan sido patrones ni asalariados formales.
4. Servicio doméstico no registrado: personas que prestan servicio doméstico en hogares particulares, en más de un hogar, que no cuentan con descuento jubilatorio y trabajen menos de 35 horas semanales.
5. Asalariados cuya principal fuente de ingreso declarado se corresponde con ingresos provenientes de subsidios del gobierno.
6. Trabajadores familiares sin remuneración no profesionales.

En todos los casos se controla que no perciban ingresos por la ocupación principal de más de 1,5 del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) correspondiente al período que se analice. Teniendo en cuenta que el promedio del SMVyM del primer trimestre 2024 fue de $179600, los ingresos máximos se ubicaron en $269400.

¿Cómo se compone la economía popular en Córdoba?

El universo de la economía popular en la provincia asciende a 150.113 trabajadores/as, lo que representa el 18,8% de la PEA de Gran Córdoba. Apenas un punto por debajo de la registrada a nivel nacional (19,9%).
En relación a la distribución por sexo se observa una marcada mayoría de mujeres (58,5%), en sintonía con la desigualdad de género que se evidencia en el mercado de trabajo en general, siendo las mujeres las más precarizadas, informalizadas y peor remuneradas.