Argentina es objeto y escenario de debate permanente. Y las cifras, índices e indicadores socioeconómicos han jugado un rol destacado en esa constante que es la discusión nacional. Desde las cifras de pobreza monetaria y la canasta básica, pasando por el riesgo país, los superávits gemelos y la inflación o índice de precios al consumidor, hasta el Gini, las estadísticas que circulan en los medios de comunicación suelen brindarnos un parámetro de lo que efectivamente está sucediendo, más allá de la casuística individual o del parecer subjetivo y la opinión de cada una y cada uno. El problema con los datos es que sólo nos permiten conocer mejor la realidad si podemos acompañarlos con interpretaciones plausibles. Y el presente del país conspira contra esa posibilidad.

Hace tiempo que la denominada “grieta” (una dinámica de polarización política sostenida en el tiempo) configura las posiciones, opiniones y preferencias de la población en las más diversas escenas de nuestra vida cotidiana. Pero, más recientemente, esta estructura de prácticas e ideas polarizadas se ha trasladado también al ámbito mismo de la percepción de la realidad, y muy especialmente a la percepción de la realidad socioeconómica: ¿Vamos bien? ¿Todo empeoró?

Por un lado, tenemos distintos sectores sociales y políticos, incluido el gobierno, que festejan los logros de la actual gestión a nivel nacional, plasmados en dos estadísticas asociadas: la desaceleración de la inflación y la caída del porcentaje de población bajo la línea de pobreza^[1]. Por el otro, encontramos a amplias masas de la población que se sienten estancadas en una crisis que, no por dejar de moverse o por moverse menos hacia el abismo, ha dado algún signo de recuperación.

Gran parte de la sociedad vive como una contradicción la caída estadística de la pobreza, al mismo tiempo que atestigua (cuando no siente en carne propia) que amplios sectores de la población viven cada vez peor. También experimenta como una incongruencia los datos de una dinámica de desaceleración inflacionaria en contraposición a una economía en la que cada vez puede consumir menos y cada vez llega (si es que llega) “más apretado” a fin de mes.

No se trata de desmentir los índices ni las estadísticas, ni de desecharlas. Se trata de señalar las consecuencias de circular información y datos sin acompañar con las herramientas necesarias para comprenderlos, interpretarlos y articularlos en la experiencia social. En lo que sigue, el informe Números con sentido propondrá una revisión de datos estadísticos e indicadores no convencionales para comprender la actual situación socioeconómica de los hogares en Argentina. Lo haremos echando mano al Sistema Estadístico Nacional, particularmente a la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC^[2], para mostrar algunas tendencias históricas en las últimas dos décadas y tomar dimensión de la profundidad temporal de fenómenos que vivimos como novedades o transformaciones recientes. Pero también haremos uso de distintas fuentes y relevamientos realizados en los últimos años, para completar la imagen de un paisaje del que, hasta ahora, sólo tenemos fragmentos.

Este informe renueva el compromiso de su antecedente por socializar y poner en común análisis basados en evidencia empírica. A esto se suma la necesidad (tal y como fue planteada también en el informe previo) de pensar los datos y la información desde una perspectiva sistémica y relacional: ninguna cifra puede tener sentido de modo aislado. Reducir la brecha entre aquello que señalan las estadísticas y aquello que la población vive en las calles y en sus hogares requiere de llenar el espacio vacío con más información y con herramientas para decodificarla e interpretarla en el contexto de la propia vida social.

El hallazgo fundamental que tiene este informe es el de una crisis social y económica generalizada y desigual, que lejos de detenerse por la desaceleración de la inflación y la caída formal de la pobreza monetaria, se ha estabilizado en un proceso regresivo de déficit de consumo, financiarización del bienestar, desahorro y endeudamiento de los hogares. Una crisis social y económica aparentemente menos inestable, pero no por ello menos enraizada, profunda y precarizante para la vida de toda la población, y especialmente para las familias de clases populares.

En esta sección caracterizamos el contexto actual y le damos un marco más general de datos, procesos e indicadores a los análisis que son eje de este informe. Si quien lee tiene apuro por llegar a las cifras y los fierros, puede saltearse la lectura de este apartado.

En la Argentina actual se habla con frecuencia de crisis económica, de inflación o de caída del consumo. Sin embargo, detrás de esas expresiones hay un fenómeno más profundo y complejo: una crisis de reproducción social. Este concepto remite a la dificultad creciente de los hogares para sostener, a lo largo del tiempo, las condiciones materiales y simbólicas que garantizan su vida cotidiana y la de las próximas generaciones. Dicho de otro modo: lo que está en juego no es solamente la capacidad de “llegar a fin de mes”, sino la de mantener un horizonte de estabilidad, movilidad y pertenencia social.

¿Qué entendemos por crisis de reproducción social? En la tradición sociológica, la reproducción social refiere a los mecanismos que permiten a los individuos y familias conservar o mejorar su posición en la estructura social. Estos mecanismos incluyen, entre otros, la escuela, el mercado laboral, el mercado habitacional y el crédito. En Argentina, durante buena parte del siglo XX, estas instituciones articularon expectativas de movilidad ascendente asociadas a la imagen de “un país de clase media”.

Un dato, que es a la vez un síntoma-indicador, pueden servir para ilustrar: si históricamente se investigó por qué en Argentina entre el 70% y el 80% de la población se identificaba a sí misma como perteneciente a la clase media (Assusa y Mansilla, 2019), en los relevamientos más recientes ha crecido considerablemente la identificación con la clase media baja (Rodríguez de la Fuente, Assusa y Mansilla, 2025). ¿Cómo se relaciona este aumento con la forma que asume la actual crisis en el país?

Hoy ese entramado del imaginario nacional integrado, con pasión igualitaria, móvil y en ascenso se encuentra tensionado (Kessler, 2024). El estancamiento productivo, la inflación persistente y la inestabilidad macroeconómica han debilitado los canales clásicos de ascenso y reproducción de las condiciones materiales de vida y, en paralelo, han potenciado nuevas formas de vulnerabilidad. La identidad de “clase media baja” se ha consolidado como categoría de autoidentificación, expresando la percepción de un descenso social y el reconocimiento de condiciones más precarias en comparación con décadas anteriores (Rodríguez de la Fuente, Assusa y Mansilla, 2025; Assusa et al., 2025).

La llamada “doble crisis”(Benza, Dalle y Maceira, 2022) –el retorno de la presión de la deuda externa y el impacto de la pandemia– profundizó un deterioro que ya llevaba casi una década. Entre 2011 y 2020, la proporción de argentinos que se reconocía como clase media según el relevamiento de Latinobarómetro cayó del 54% al 29%, mientras que creció fuertemente la autoidentificación como clase media-baja o baja. Aunque en 2023 se registró una leve recuperación de quienes se perciben en la clase media (40%), el panorama dista de los valores de comienzos de la década (Rodríguez de la Fuente, Assusa y Mansilla, 2025).

Esta caída en la percepción subjetiva de clase tiene correlatos objetivos: empleos más inestables y precarios, necesidad de pluriempleo, ingresos que no acompañan la inflación y un horizonte de movilidad social cada vez más incierto. De hecho, comparado con otros países de la región, Argentina se distingue por haber experimentado uno de los descensos más marcados en la identificación con la clase media en el último decenio (Assusa y Rodríguez de la Fuente, 2024).

Una de las dimensiones más visibles de esta crisis de reproducción social es el creciente recurso al endeudamiento. Sectores de clase media baja y trabajadora recurren cada vez más al crédito para cubrir gastos corrientes y no solo para financiar bienes durables o proyectos de inversión familiar. Las encuestas muestran que la dificultad para afrontar el pago de créditos, servicios o alimentos se volvió un rasgo característico de estos grupos.

A la par, el desahorro –es decir, la imposibilidad de guardar una porción de los ingresos o la necesidad de gastarlos en consumos corrientes– se extiende incluso entre sectores que tradicionalmente podían reservar y acumular una porción de sus ingresos económicos mensuales. La pérdida de capacidad de ahorro no solo debilita la protección frente a imprevistos, sino que erosiona las expectativas de movilidad y seguridad de largo plazo. Así, se instala la sensación de que se vive “al día”, en un ciclo constante de ajuste y renegociación de las finanzas personales.

El proceso de financiarización en Argentina no comenzó en los últimos años, sino que tiene antecedentes claros en la década de 1990, cuando aumentó la participación del crédito al consumo en el PBI y los hogares se incorporaron de manera masiva a los servicios bancarios y financieros. Desde entonces, la relación de las familias con el sistema financiero se amplió y diversificó, pero también se volvió más desigual y estratificada.

En el presente, este vínculo aparece en tensión con las promesas históricas del Estado de Bienestar. El crédito, antes asociado al consumo aspiracional o a la inversión en vivienda, ahora cumple muchas veces una función de mera subsistencia. Esto cambia también la manera en que los individuos se perciben a sí mismos: la deuda, el uso intensivo de tarjetas y la dependencia de mecanismos financieros se convierten en parte de la experiencia cotidiana de amplios sectores, redefiniendo identidades y formas de individuación económica.

Los datos muestran que quienes se reconocen como clase media baja suelen estar atravesados por procesos de endeudamiento, presupuestos ajustados e ingresos que consideran insuficientes. A diferencia de quienes se identifican como clase media, no confían tan frecuentemente en la educación o el esfuerzo individual como garantías de progreso, sino que explican la distribución de la riqueza a partir de factores externos: la herencia, la suerte o la concentración económica (Rodríguez de la Fuente, Assusa y Mansilla, 2025).

En este marco, la categoría de “clase media baja” cumple una doble función. Por un lado, permite nombrar un proceso de empobrecimiento real. Por otro, funciona como estrategia simbólica para no renunciar del todo a la identidad de clase media. Ser “media baja” implica reconocer una caída, pero sin abandonar valores culturales y morales asociados históricamente a la “media”: la educación, la austeridad, la autonomía frente al Estado.

La actual crisis de reproducción social en Argentina no se reduce a indicadores macroeconómicos: atraviesa la vida cotidiana, las identidades y las expectativas de amplios sectores sociales. Endeudamiento, desahorro y financiarización son hoy dimensiones centrales de un proceso que redefine no solo la economía de los hogares, sino también sus formas de pensarse a sí mismos y de proyectar el futuro.

En este contexto, comprender la crisis de reproducción social es clave para cualquier estrategia pública o privada que busque incidir en el bienestar social. No se trata solo de estabilizar precios o fomentar el consumo: está en juego la reconstrucción de los mecanismos que permitan a las familias sostener su vida en el tiempo y recuperar la confianza en que el esfuerzo y la educación siguen siendo caminos de acceso a vidas dignas y no meras promesas del pasado.

Analizar la crisis de reproducción social desde la perspectiva de la desigualdad de clase y económica permite dar cuenta no solo de las brechas de ingresos, sino también de las diferencias en las trayectorias vitales, las oportunidades y los horizontes de futuro de distintos grupos sociales. En otras palabras, la clase no es únicamente un dato económico, sino una posición estructural que organiza la forma en que se accede a recursos como el trabajo registrado, la educación de calidad o la vivienda estable, pero también los servicios bancarios, el uso y acumulación de ahorros y la previsión de futuros. Al hacer de la clase el eje de análisis, se vuelve posible entender cómo los efectos de la crisis se distribuyen de manera desigual entre quienes tienen mayores márgenes de protección y quienes dependen casi exclusivamente de ingresos inestables y de corto plazo.

Tomar la clase como categoría central también ayuda a leer con mayor precisión los datos de endeudamiento y desahorro. El recurso al crédito, por ejemplo, no significa lo mismo para un hogar de altos ingresos que para uno de clase obrera. Mientras que en el primer caso puede tratarse de una estrategia financiera planificada, en el segundo suele constituir un mecanismo de subsistencia que compromete seriamente el futuro económico del hogar. De esta forma, los mismos indicadores –cantidad de tarjetas, nivel de endeudamiento, mora– adquieren sentidos distintos según la posición de clase de los hogares que los protagonizan.

Por último, situar la desigualdad de clase en el centro de la lectura permite interpretar los datos en clave comparativa, tanto en perspectiva histórica como regional. En Argentina, la caída en la identificación con la clase media no solo refleja un deterioro económico, sino también la pérdida de referentes simbólicos y expectativas sociales que durante décadas estructuraron la vida colectiva. En este sentido, poner la clase como lente analítica permite comprender la especificidad del caso argentino y, al mismo tiempo, proyectar qué políticas podrían revertir la fragmentación social que hoy atraviesa al país.

En esta sección propondremos, para lectoras y lectores no familiarizados con este tipo de datos, un acercamiento introductorio a la interpretación de datos estadísticos en tablas de contingencia. Como dijimos antes, si hay apuro, se puede saltear esta sección e ir directamente al quid de la cuestión.

Los datos que aquí presentamos son, en su mayoría, procesamiento propio de las bases de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares, un relevamiento trimestral que el INDEC realiza y es representativo de la Argentina urbana. De forma complementaria, incluimos datos de la encuesta de Estructura Social Argentina y Políticas de Igualdad, de 2024, del Programa de Investigación Regional Comparativa (ESA y PI-PIRC-ESA). El universo de análisis de este relevamiento se compone de la población mayor de 18 años residente en las zonas urbanas de la Argentina. También utilizamos datos y estadísticas macro cada vez que lo consideramos necesario para darle robustez y mayor contexto a las interpretaciones que aquí proponemos.

Una característica fundamental de este procesamiento es que el núcleo de nuestros análisis puede ser replicado: las bases de microdatos del INDEC están públicamente disponibles, por lo que la validez del procesamiento y el análisis puede ser revisado por quien lo desee.

El período que tomamos recupera distintos puntos históricos (2004-2014-2024-2025) de las últimas dos décadas, y abarca gran parte del corriente siglo y sus cambios. Por la orientación de este informe, el conjunto de transformaciones registradas es fundamentalmente observado desde la perspectiva del presente y de la posibilidad de caracterizar la actual crisis en marcha. Más allá de esto, en muchas dimensiones es posible observar las grandes tendencias asociadas a períodos de gobiernos y a orientación de políticas: post-neoliberalismo en la primera década considerada y restauración liberal en la segunda.

La lógica con la que presentaremos los datos es la de una perspectiva histórica-diacrónica, y la de una perspectiva sincrónica-comparativa. En la primera, las tablas pueden leerse horizontalmente para identificar cambios en el tiempo, referentes a toda la población o a grupos específicos de acuerdo a su clase social o a su nivel de ingresos. En la segunda, las tablas pueden leerse verticalmente para identificar el modo en el que cada grupo está desigualmente asociado o afectado por distintos fenómenos en cada punto del tiempo.

El modo en el que se agrupa la población en clases sociales es motivo de grandes e inabarcables discusiones en las ciencias sociales en general, y en la sociología en particular. Elegimos para este informe un esquema y una nomenclatura que resultara fácilmente reconocible y decodificable: los hogares se agrupan en 8 clases sociales de acuerdo al tipo de inserción laboral de las personas identificadas como “jefes de hogar” en la encuesta. Para una profundización sobre este modo de agrupar y los debates que lo subyacen, puede consultarse a Sacco, Rodríguez de la Fuente y Jaime (2022).

Cada vez que lo consideramos necesario u oportuno, complementamos este modo de presentación de los datos con una distribución de los hogares en 6 grupos de ingresos per cápita familiar. Así, mostramos tendencias en base a los quintiles de ingresos, salvo el quintil 5 que lo dividimos en dos: el 5% más alto (la cúpula de la distribución económica de la población) y el restante 45%. Esto nos permitió acceder a tendencias más claras para los grupos con mayor poder económico y distancias comparativas observables en su situación. Mostramos también cuando existen diferencias significativas de acuerdo al sexo reportado del jefe o la jefa de hogar.

Los datos son en general presentados a nivel nacional, pero cada vez que las tendencias fueron más marcadas a nivel de Gran Córdoba, incluimos la mención de los valores específicos.

La idea de este informe es acceder a una lectura de las transformaciones históricas y de la distribución diferencial en cada momento del tiempo en la población, para comprender las dimensiones de una crisis cuyos alcances son, a la vez, históricos, transversales y desiguales.

Las voces del gobierno de La Libertad Avanza han hecho mucho hincapié en la caída del déficit fiscal como uno de los logros sobresalientes en lo que va de su mandato. Su promesa electoral de un ajuste que sería pagado “por la casta” implicó amplios apoyos en la ciudadanía, pero la práctica permanente de vetos a recomposiciones presupuestarias para las universidades nacionales y para los haberes de jubilaciones y pensiones pusieron sobre la mesa la veracidad de este supuesto sesgo del ajuste hacia sectores “privilegiados”.

Luego del veto de una nueva fórmula jubilatoria, un informe del IARAF lo graficó de la siguiente manera: de cada 100 pesos de ajuste en el gasto público, 26 fueron aportados por jubiladas y jubilados^[3]. Según otro informe de ONP, la caída interanual de la partida presupuestaria de jubilaciones había sido de 29% (casi un tercio) para mayo de 2024. En el mismo período las transferencias a universidades cayeron en términos reales un 24% y los subsidios económicos en energía y transporte llegaron al 33%^[4]. Considerando el promedio de haberes previsionales, en 2024 los ingresos de jubiladas y jubilados habían caído entre 14% y 16%^[5].

El sesgo de este ajuste es regresivo, no sólo por afectar a un sector vulnerable en términos etarios, sino por concentrarse en las clases sociales con mayores niveles de vulnerabilidad o inestabilidad de ingresos.

Tabla 1.- ¿En los últimos tres meses, las personas de este hogar han vivido de alguna jubilación o pensión? (%) (Argentina, 2004- )

CLASE SOCIAL	2004	2014	2024	2025
Clase alta	18,11	11,35	11,61	12,36
Clase media de asalariados	8,73	8,84	9,77	11,00
Clase media de autónomos	13,30	21,18	23,67	25,40
Clase obrera de asalariados	6,27	13,30	13,80	14,61
Clase obrera de autónomos	11,14	22,25	29,98	25,61
Clase obrera de trabajadores marginales	14,38	24,26	27,17	22,42
Clase con jefes o jefas de hogar desocupados	19,66	14,27	24,64	21,03
Clase con jefes o jefas de hogar inactivos	77,06	79,80	82,05	82,57
Total población	27,77	34,04	36,76	37,12

Fuente: procesamiento propio en base a EPH-INDEC

Cerca de un cuarto de los hogares de clase media de autónomos, clase obrera de autónomos y clase obrera de trabajadores marginales ha vivido de alguna jubilación o pensión de acuerdo a los datos de la EPH del primer trimestre de 2025. En el caso de Córdoba, la dependencia de jubilaciones en hogares de clase obrera de autónomos y clase obrera de trabajadores marginales llega a 36% o 30%, respectivamente. Esto significa que incluso hogares con jefas o jefes de hogar ocupados y económicamente activos, necesitan del aporte de un jubilado o una jubilada que vive con ellas o ellos para complementar los ingresos del hogar.

El ajuste sobre estos sectores implica acumular desventajas en los hogares más vulnerables de la estructura social, algo que se suma, en el caso de los hogares sostenidos por cuentapropistas, a la inestabilidad intrínseca de los ingresos en actividades independientes. En el mismo sentido, las familias del quintil 2, 3 y 4 llegan a valores de 42%, 45%, 46% para este ítem (haber vivido de una jubilación o pensión en el hogar).

El aumento en la cobertura de estos sectores durante la primera década del período considerado es muy marcado, y presenta una orientación progresiva (favorece particularmente a los sectores más bajos). Entre 2004 y 2014, la presencia de estos ingresos en los hogares de Argentina aumentó 23%, mientras que en la década siguiente sólo aumentó 8%. En la primera década el crecimiento en los hogares con ingresos más inestables fue aún más marcada: en la clase media de autónomos aumentó un 60%, en la Clase obrera de autónomos un 99% y en la clase obrera de trabajadores marginales un 69%. Las políticas previsionales y de seguridad social, fundamentalmente aquellas de inclusión previsional, han tenido efectos muy importantes sobre toda la población, con sesgos progresivos en materia de clase social y género (la inclusión, por ejemplo, fue mucho más importante entre mujeres, expuestas tendencialmente a formas de trabajo no remunerado, reconocido ni registrado).

Recuperando los principales componentes del ajuste, es importante también romper con una lectura que da por sentado que dichas medidas cuentan con apoyo pleno de la ciudadanía. De hecho, los datos de la ESA y PI-PIRC-ESA, 83% de la población está en desacuerdo con arancelar las universidades (y, por extensión, con desfinanciarlas), el 81% está en desacuerdo con eliminar subsidios de servicios públicos, el 72% está de acuerdo con garantizar una jubilación para las y los que no tengan los aportes necesarios y el 93% está de acuerdo con subsidiar los medicamentos para las y los adultos mayores.

La restricción en la cobertura de medicamentos por parte del PAMI, por ejemplo, implicó la pérdida del acceso a este derecho por parte de jubiladas y jubilados con haberes por encima de los 390 mil pesos a diciembre de 2024^[6]. Al ajuste regresivo presupuestario y de ingresos económicos, con mayor impacto en las clases populares (tal como venimos mostrando), se suma un recorte que no es registrado por las estadísticas convencionales: el recorte en la cobertura de medicamentos no significa que estos bienes hayan aumentado de precio (aunque, de hecho, lo hicieron), sino que personas económicamente vulnerables que antes accedían a estos bienes y servicios de modo gratuito, ahora deben pagarlos con cada vez menos recursos en sus bolsillos. Este es el tipo de procesos que generan un subregistro de la inflación y de la pobreza monetaria.

Por todo esto, es importante señalar que, a los primeros indicadores “positivos” de la situación nacional resaltados por el gobierno, subyace una dinámica regresiva, que concentra el ajuste sobre sectores económica y socialmente más vulnerables, en contra de las prioridades de la población indicadas por los relevamientos en opinión pública.

El proceso de financiarización en Argentina no es algo nuevo. Como proceso fundamentalmente asociado al consumo, ya en la década de 1990 comenzó a expandirse con fuerza, especialmente a través del crecimiento de la proporción de los créditos familiares y al consumo en relación con el Producto Bruto Interno. Desde entonces, la presencia de los hogares en el sistema bancario y financiero no solo se amplió, sino que también se diversificó y segmentó (Luzzi y Wilkis, 2018; Sánchez, 2024). Este proceso se desarrolló en una tensión constante con el Estado de Bienestar argentino y con nuevas formas de construir la vida económica individual y colectiva (Luzzi, 2017). Pero no fueron los consumos los únicos en financiarizarse.

Tabla 2.- ¿En los últimos tres meses, las personas de este hogar han vivido de intereses o rentas por plazos fijos/inversiones? (%) (Argentina, 2004-2025)

CLASE SOCIAL	2004	2014	2024
Clase alta	3,23	0,22	6,98	6,24
Clase media de asalariados	0,57	0,44	5,46	4,05
Clase media de autónomos	1,13	0,45	3,82	1,94
Clase obrera de asalariados	0,01	0,03	1,10	0,58
Clase obrera de autónomos	0,07		1,80	0,64
Clase obrera de trabajadores marginales			1,03	0,03
Clase con jefes o jefas de hogar desocupados	1,26		1,15	0,87
Clase con jefes o jefas de hogar inactivos	0,89	0,44	1,86	1,72
Total población	0,57	0,28	2,79	1,97

Fuente: procesamiento propio en base a EPH-INDEC

Podemos observar dos caras de la misma moneda. Por un lado, la pronunciada financiarización de los ingresos de los hogares (es decir, la proporción de hogares que viven de intereses o rentas por plazos fijos o inversiones), particularmente relevante entre 2014 y 2024 en la clase media de asalariados y la clase alta.  En cada una de estas clases, los valores son superiores para hogares con jefatura masculina. Particularmente en la clase alta, el porcentaje de recepción de ingresos financieros para 2025 es 7 veces mayor en hogares en los que los sostenes económicos son varones. En la clase media de asalariados la recepción aumenta un 30% en hogares con jefaturas masculinas, y en la clase media de autónomos un 183%. En términos globales, los hogares con jefatura masculina perciben este tipo de ingresos hasta un 50% más comparados con los hogares con jefatura femenina.

Entre el quintil 1 y el 4 los valores son inferiores al 1%. Mientras tanto, el 9% de los hogares con ingresos por sobre el percentil 95 reciben ingresos financieros como intereses o rentas por plazos fijos o inversiones.

Entre 2014 y 2024 la recepción de ingresos de origen financiero en toda la población aumenta casi un 900%, y entre 2004 y 2025 (las puntas del período considerado) se multiplica por tres veces y media.

Salvo por el caso de la clase media de autónomos, la brecha o ratio de proporciones entre prácticamente todas las clases y la clase alta tendió a disminuir en este período. Esto indica que los ingresos económicos de origen financiero no sólo crecieron y se masificaron, sino que también se popularizaron y se democratizó su acceso^[8], un proceso cuyos efectos estamos recién empezando a visualizar y evaluar.

Tabla 3.- ¿Compran en cuotas o al fiado con tarjeta de crédito o libreta? (%) (Argentina, 2004-2025)

CLASE SOCIAL	2004	2014	2024
Clase alta	46,31	82,21	66,50	56,21
Clase media de asalariados	31,76	65,14	63,39	66,29
Clase media de autónomos	28,59	53,69	55,02	51,06
Clase obrera de asalariados	23,34	48,88	51,87	52,00
Clase obrera de autónomos	19,73	38,04	41,08	40,51
Clase obrera de trabajadores marginales	10,43	29,91	29,20	42,82
Clase con jefes o jefas de hogar desocupados	21,51	33,94	37,64	41,06
Clase con jefes o jefas de hogar inactivos	15,91	34,20	37,17	40,49
Total población	22,93	46,95	48,57	50,29

Fuente: procesamiento propio en base a EPH-INDEC

La segunda cara de la moneda es la denominada financiarización del consumo. En la actualidad, aproximadamente la mitad de los hogares compran en cuotas o al fiado con tarjeta de crédito o libreta. Este porcentaje era del 23% en 2004 y su principal crecimiento se dio entre este año y 2014, período en el que esta proporción se duplicó. El porcentaje más alto de consumo con crédito se encuentra en la clase media de asalariados, en la que casi 7 de cada 10 hogares compra en cuotas o al fiado.

Esta práctica es más frecuente en hogares con jefatura masculina (10% más) en todas las posiciones de clase, salvo en la clase de trabajadores marginales y con jefas o jefes de hogar desocupados. Esta última situación puede interpretarse como efecto de los procesos de bancarización producto de las transferencias condicionadas de ingresos y de inclusión previsional, con un sesgo hacia titulares mujeres.

Como señala en su libro Ariel Wilkis: “¿qué es más igualitario, un sistema que excluye del consumo, o uno que incluye profundizando las dinámicas de endeudamiento en el mercado del crédito? Las deudas son símbolo y método para analizar los años en que la democratización del consumo fue la bandera y el relato de un nuevo largo ciclo peronista en el gobierno” (2024: 126). Si esto se planteaba para evaluar críticamente el período de la postconvertibilidad, ¿Qué deberíamos decir sobre un período que tanto excluye del consumo como aumenta el endeudamiento?

En el informe de proveedores no financieros de crédito del BCRA se observa que “las EEFF registraron, en el segundo semestre de 2024, una expansión en la demanda de crédito por parte de las familias, según midió la Encuesta de Condiciones Crediticias (ECC), tanto para tarjetas de crédito (23,5%) como para otros créditos al consumo (50,1%). Esta tendencia se mantuvo en el primer trimestre de 2025”^[9]. El uso de tarjetas de crédito en supermercados creció del 39% al 46% del total de compras desde diciembre de 2023, de acuerdo con un informe del Centro RA, de la UBA^[10]. En el mismo sentido, aumentó el peso del resumen de la tarjeta en el presupuesto familiar. Según datos del Banco Central, la mora en créditos a hogares (que incluyen el pago del resumen de la tarjeta) alcanzó el 4,5% en mayo, con un alza de 1,7 puntos interanuales. En síntesis, no se trata solamente de un consumo familiar cada vez más fundado en el uso del crédito, sino del carácter problemático de este uso en una dinámica creciente de endeudamiento.

Si bien no podemos distinguir en la EPH entre estos tipos de crédito formal e informal (tarjeta de crédito bancarizada o fiado), sabemos por estudios previos (Gutiérrez, Mansilla y Assusa, 2022) que las posiciones superiores de la estructura social, aún hoy más bancarizadas, acceden a consumo en crédito, orientado a comercios de grandes superficies, con mejores condiciones de financiamiento e incluso con descuentos y beneficios. Las posiciones más bajas de la estructura social, en cambio, con mayor presencia de ingresos económicos informales, acceden en mayor medida a fiado en negocios de cercanía, una forma de pago que casi siempre implica sobreprecios y exclusión de los beneficios de las políticas públicas de cuidado de precios (cuando existían), devolución de IVA, cuotas sin interés, entre otros.

En este sentido, es necesario visualizar dos procesos paralelos: uno es la financiarización global de los ingresos y los consumos, y el otro es la segmentación de las consecuencias de dicha financiarización, que tiende a reproducir, en la actual crisis, las desigualdades persistentes de nuestra sociedad.

Si la actual crisis de reproducción social ha ido profundizando su componente financiero, y este se ha derramado sobre gran parte de la población, debemos recordar que la persistencia de la desigualdad en la estructura social argentina consiste, justamente, en que unos sectores pueden endeudarse para capitalizarse y mejorar sus condiciones de vida, mientras que los sectores más vulnerables deben endeudarse para sobrevivir y llegar a fin de mes: un proceso que algunos autores han denominado deudas de empobrecimiento (Wilkis, 2024).

Probablemente el indicador más claro de los efectos de la actual crisis sea la aparición de procesos asociados entre endeudamiento y desahorro de los hogares.

Tabla 4.- ¿Han tenido que vender alguna de sus pertenencias? (%) (Argentina, 2004-2025)

CLASE SOCIAL	2004	2014	2024	2025
Clase alta	0,59	2,64	2,28	1,87
Clase media de asalariados	6,50	3,93	7,21	7,02
Clase media de autónomos	6,56	4,62	9,39	7,87
Clase obrera de asalariados	7,30	4,81	11,50	11,83
Clase obrera de autónomos	11,70	7,54	12,65	10,97
Clase obrera de trabajadores marginales	8,51	4,82	8,98	14,32
Clase con jefes o jefas de hogar desocupados	16,90	10,81	23,04	22,18
Clase con jefes o jefas de hogar inactivos	7,10	2,67	6,53	6,32
Total población	7,89	4,29	9,04	8,78

Fuente: procesamiento propio en base a EPH-INDEC

Aproximadamente el 9% de los hogares tuvo que vender pertenencias para llegar a fin de mes, tanto en 2024 como en 2025, una cifra que prácticamente duplica el porcentaje de hogares que lo hacía en 2014. Llama la atención cómo esta situación afecta de manera relevante los hogares de prácticamente todas las clases, salvo la clase alta, y tiene mayor presencia en todas las fracciones de clases populares, entre las que se destaca la de trabajadores marginales (14%) y con jefes o jefas de hogar desocupados (22%).

Este tipo de práctica es 26% superior en hogares con jefatura femenina en comparación con hogares con jefatura masculina. Esta brecha es particularmente importante en la clase obrera de autónomos (42%), en la clase obrera de asalariados (54%) y en la clase media de autónomos (83%). 

Tabla 5.- ¿Han tenido que gastar lo que tenían ahorrado? (%) (Argentina, 2004-2025)

CLASE SOCIAL	2004	2014	2024	2025
Clase alta	25,97	18,25	33,29	26,99
Clase media de asalariados	22,08	25,46	40,82	36,21
Clase media de autónomos	21,47	23,37	42,17	36,45
Clase obrera de asalariados	16,28	25,62	40,14	39,01
Clase obrera de autónomos	20,03	23,50	38,41	40,46
Clase obrera de trabajadores marginales	13,46	17,29	38,65	34,92
Clase con jefes o jefas de hogar desocupados	24,82	41,24	49,60	44,06
Clase con jefes o jefas de hogar inactivos	17,27	16,49	32,89	31,80
Total población	19,04	22,50	38,42	35,90

Fuente: procesamiento propio en base a EPH-INDEC

Más grave aún es el proceso de desahorro observado en los últimos años. Del total de hogares, el porcentaje que debió gastar lo que tenía ahorrado para llegar a fin de mes ascendió progresivamente en todo el período, pero el principal salto es entre 2014 y 2024, cuando pasa de 23% a 38%. Casi 4 de cada 10 hogares en Argentina en 2024 gastó ahorros para resolver gastos corrientes, y el porcentaje en 2025 bajó tímidamente a 36%. En otras palabras, la situación crítica de desahorro continúa en la actualidad.

En 2024 resulta llamativo el carácter transversal del proceso de desahorro: la clase alta gastó lo ahorrado en un 33% de los hogares, la clase media de autónomos en un 42%, la clase obrera de asalariados en un 38% y la clase obrera de trabajadores marginales en un 39%. Salvando el caso de hogares con jefes y jefas desocupados, en el que el desahorro ese año llega al 50%, en mayor o menor medida las distintas posiciones de clase muestran una preocupante afectación por esta dinámica.  

A este proceso se aplica la misma lógica que destacamos en el apartado anterior. Los niveles de ahorro en cada una de estas posiciones de clase son profundamente diferentes, como también los fines con los que se usan. Los procesos de desahorro en la clase obrera y las posiciones más vulnerables de la estructura social implican la pérdida de fondos “de emergencia” para ser utilizados ante eventualidades complejas, como problemas de salud. Además de contar con mayores volúmenes de ahorros, las posiciones superiores de la estructura social cuentan con estos fondos como mecanismo de capitalización y patrimonialización, por lo que el impacto de gastarlos para llegar a fin de mes (aunque significativo) es considerablemente menor. 

2025, en cambio, muestra una estructura jerarquizada sin que exista una mejoría del proceso. Lo que se observa es un escalonamiento claro, en donde el desahorro impacta más en los sectores más desfavorecidos, y es considerablemente más bajo en la clase alta. Señalamos esto porque una estabilización de la situación de desigualdad y una concentración de los efectos de la crisis en los sectores más desfavorecidos no implica mejoría, sino persistencia.

Por otra parte, se observan procesos de desahorro más marcados entre hogares con jefatura femenina en algunas posiciones específicas de la estructura social. En estos hogares, para 2025, el desahorro es 74% superior en la clase obrera de trabajadores marginales y 155% superior en la clase alta, comparados con hogares con jefatura masculina. Las únicas excepciones son la clase obrera asalariada, hogares con jefes inactivos y con jefes desocupados, en los que el desahorro en hogares con jefatura femenina es entre 6% y 12% inferior.

Tabla 6.- ¿Han tenido que pedir préstamos a bancos, financieras, etc.? (%) (Argentina, 2004-2025)

CLASE SOCIAL	2004	2014	2024	2025
Clase alta	5,72	9,36	11,25	11,59
Clase media de asalariados	5,80	10,45	11,76	14,68
Clase media de autónomos	3,09	7,23	10,37	13,40
Clase obrera de asalariados	2,90	11,66	13,52	16,52
Clase obrera de autónomos	3,81	6,88	9,98	9,15
Clase obrera de trabajadores marginales	1,15	4,30	9,55	12,28
Clase con jefes o jefas de hogar desocupados	3,59	4,36	9,21	11,65
Clase con jefes o jefas de hogar inactivos	3,35	6,63	11,96	10,01
Total población	3,70	8,60	11,69	12,78

Fuente: procesamiento propio en base a EPH-INDEC

Finalmente, el proceso se corona con una dinámica de endeudamiento. En primer lugar, con instituciones financieras, principalmente bancos. El 13% de los hogares en 2025 declara haber tenido que pedir préstamos a bancos, financieras, etc., con porcentajes un poco más altos para la clase obrera de asalariados (17%) y la clase media de asalariados (15%). Es probable que esta mayor afectación esté fundada en los niveles de bancarización laboral y formalidad o registro del empleo en estos sectores. Sin embargo, se trata de un proceso también transversal, mucho más de lo que lo era a principios del período, cuando los préstamos bancarios estaban más concentrados en las posiciones más altas de la estructura social.

Es llamativo el modo en que los hogares con jefatura femenina presentan, para 2025, un endeudamiento con bancos y financieras más pronunciado que los hogares con jefatura masculina en posiciones intermedias y superiores de la estructura social. Los hogares con jefatura femenina en la clase media de autónomos presentan cifras de endeudamiento 28% superiores a los hogares con jefatura masculina, en la clase media de asalariados 21%, y en la clase alta 252%.

Tabla 7.- ¿Han tenido que pedir préstamos a familiares/amigos? (%) (Argentina, 2004-2025)

CLASE SOCIAL	2004	2014	2024	2025
Clase alta	5,04	8,87	8,80	3,34
Clase media de asalariados	11,18	10,18	10,88	13,47
Clase media de autónomos	13,25	7,95	12,41	9,55
Clase obrera de asalariados	15,19	14,06	20,05	22,42
Clase obrera de autónomos	17,19	14,11	17,25	18,18
Clase obrera de trabajadores marginales	14,24	13,28	24,03	17,83
Clase con jefes o jefas de hogar desocupados	18,89	26,41	30,34	29,00
Clase con jefes o jefas de hogar inactivos	9,87	8,12	11,85	11,70
Total población	13,02	11,04	14,66	15,08

Fuente: procesamiento propio en base a EPH-INDEC

En segundo lugar, es importante también el endeudamiento informal, mediado por relaciones o vínculos personalizados. El 15% de los hogares en 2025 declaró haber recurrido a pedir prestado a familiares o amigos. El porcentaje es más alto en hogares de clase obrera de trabajadores marginales (18%), clase obrera de autónomos (18%), clase obrera de asalariados (22%) y con jefes o jefas de hogar desocupados (29%).

De hecho, la desigualdad entre el endeudamiento con familiares fue creciendo a lo largo de todo este período. La ratio en este tipo de endeudamiento entre hogares del Quintil 1 y hogares con ingresos superiores al percentil 95 era de 2,82 para 2004 (es decir, que los hogares del Quintil 1 se endeudaban con familiares y amigos casi 3 veces más que los hogares con ingresos superiores al percentil 95) y llegó a ser de 5,94 para 2025. El comportamiento es totalmente inverso a lo que sucede con el endeudamiento bancario. Para 2004, los hogares con ingresos superiores al percentil 95 tenían casi el triple de estas deudas (ratio de 2,96) que los hogares del Quintil 1. Para 2025 la proporción y la ratio se habían invertido: 0,69.

Es relevante señalar que los hogares con jefatura femenina presentan, para 2025, un endeudamiento con familiares y amigos un 34% superior comparados con hogares con jefatura masculina. Las posiciones intermedias y superiores de la estructura social son las que muestran mayores brechas de género en materia de endeudamiento. Los hogares con jefatura femenina en la clase obrera de asalariados presentan cifras de endeudamiento 54% superiores a los hogares con jefatura masculina, en la clase media de asalariados 77%, en la clase media de autónomos 195%, y en la clase alta 787%. Estas diferencias marcan situaciones de vulnerabilidad financiera profundamente desiguales.

Como señala Ariel Wilkis en su libro (2024), otro efecto de la reucrrencia creciente de este tipo de prácticas fue la consolidación de una noción difundida de superioridad moral de la familia por sobre el Estado, fuertemente asentada en la experiencia social de la pandemia: en crisis, parecen ser las familias las que salvan a las familias. Buena parte del clima de crítica al sector público y de exaltación del mercado y la lógica del sector privado puede encontrar en esta experiencia cada vez más compartida una base de legitimación.

Como corolario de esta situación, se suscitan situaciones de interrupción de pagos, moras y formas paralelas de endeudamiento. Tal como lo señalamos en un apartado previo, la EPH no permite registrar prácticas de contracción del consumo, pero también de interrupción de pago. Según la ESA y PI-PIRC-ESA en 2024 el 23% de los hogares tuvo problemas para pagar el servicio de internet o de celular, el 20% tuvo problemas para pagar los servicios públicos como luz, agua o gas y el 18% tuvo problemas para pagar la tarjeta de crédito o deudas. En total, el 37% de los hogares tuvo problemas para afrontar uno o más gastos corrientes.

De los hogares con asalariados no registrados el 45% tuvo problemas para pagar el servicio de internet o de celular, el 37% tuvo problemas para pagar los servicios públicos como luz, agua o gas y el 27% tuvo problemas para pagar la tarjeta de crédito o deudas. El el 63% de los hogares en esta posición de clase tuvo problemas para afrontar algún gasto corriente. En pocas palabras, 4 de cada 10 hogares en Argentina tuvieron problemas para afrontar gastos del hogar en 2024, y esta proporción llega a 6 de cada 10 en hogares con jefatura de asalariados informales.

Diez hallazgos clave para entender la crisis social y económica de los hogares en Argentina

• El contraste entre indicadores macro y experiencia cotidiana genera desconfianza
  El gobierno exhibe como logros la desaceleración de la inflación y la baja de la pobreza medida por ingresos. Sin embargo, gran parte de la población vive una paradoja: la estadística dice que “hay menos pobres”, pero el día a día muestra mesas más vacías y bolsillos más ajustados. Esto erosiona la legitimidad de los datos oficiales y alimenta la percepción de que la política “vive en otra realidad”. El divorcio entre cifras macro y bienestar micro es hoy uno de los principales factores de desafección política y social.
• La polarización política se traslada a la percepción de la economía
  No se trata solo de diferencias de ingresos o de clase: la grieta ahora moldea cómo distintos sectores perciben la realidad económica. Mientras que el oficialismo resalta la baja del déficit y de la inflación, grandes franjas sociales insisten en que “se vive peor”. Esta disputa sobre qué “es real” debilita consensos básicos para diseñar políticas públicas y convierte los datos en objeto de disputa coyuntural más que en herramientas de diagnóstico compartido. El terreno de la percepción, tanto como el de la estadística, se volvió un campo de batalla.
• El “ajuste” recae sobre los sectores más vulnerables, no sobre la “casta”
  Aunque el gobierno actual sostiene que el recorte del gasto lo paga la política o los sectores privilegiados, la evidencia muestra que las principales reducciones presupuestarias han afectado a jubilados, universidades y subsidios. Según datos del IARAF, de cada 100 pesos de ajuste, 26 provinieron de jubilaciones y pensiones, cuyos haberes cayeron entre 14% y 16% en términos reales en 2024. Las universidades nacionales, por su parte, sufrieron recortes del 24%, y los subsidios a transporte y energía se redujeron en un tercio. Estos recortes impactan directamente en sectores económica y socialmente vulnerables, tanto por edad como por ingresos, evidenciando el sesgo regresivo del ajuste.
• Persistencia del déficit de consumo básico
  Aunque la pobreza monetaria haya descendido según estadísticas oficiales, muchos hogares continúan restringiendo su consumo en bienes esenciales. Para 2024, en el 17% de los hogares los adultos dejaron de comer o redujeron porciones, y en el 11% se sirvió menos comida a niños. Entre trabajadores no registrados, los números son aún más duros: el 42% de los adultos y el 32% de los hogares con niños admiten haber reducido la alimentación. Este déficit de consumo contradice la narrativa de “mejora” y sugiere que los indicadores de pobreza no captan del todo la magnitud de la crisis de bienestar.
• La financiarización es un potencial problema a mediano plazo
  Hoy, más de la mitad de los hogares compra en cuotas o al fiado. Mientras que en 2004 apenas el 23% de los hogares recurría a estos mecanismos de pago, en 2025 la cifra alcanzó el 50%. Entre la clase media de asalariados, casi 7 de cada 10 hogares usan crédito para consumo. Sin embargo, las formas de financiarización son segmentadas: sectores altos acceden a créditos bancarios con beneficios y promociones; sectores bajos dependen del fiado en comercios de cercanía, con sobreprecios y condiciones más precarias. La financiarización ya no es un fenómeno marginal: es parte estructural de cómo se organiza la vida económica de los hogares.
• Endeudamiento formal e informal como estrategia de supervivencia
  En 2025, el 13% de los hogares recurrió a préstamos bancarios, con mayor presencia entre clases medias y obreras asalariadas. Lo más llamativo es el crecimiento del endeudamiento informal: 15% de los hogares pidió prestado a familiares o amigos, cifra que trepa al 29% entre aquellos con jefes o jefas de hogar desocupados y supera el 18% en clases obreras. La desigualdad es marcada: mientras que en 2004 los sectores altos se endeudaban más que los bajos, en 2025 la tendencia se invirtió. Esto refuerza la idea de una fuerte persistencia de las redes sociales, interpersonales y de cooperación y reciprocidad mutua en las estrategias de supervivencia de los sectores vulnerables.
• El desahorro como síntoma transversal de la crisis
  Uno de los cambios más notorios de la última década es que casi 4 de cada 10 hogares utilizan sus ahorros para cubrir gastos corrientes. En 2014, esa proporción era del 23%. La pérdida del “colchón” afecta a todas las clases, incluida la alta, aunque con impactos diferentes: para los sectores acomodados significa usar parte de su capital; para los sectores populares implica perder los pocos fondos reservados para emergencias como enfermedades o desempleo. El desahorro generalizado revela que la crisis no solo empobrece, sino que desarma mecanismos de protección de largo plazo.
• Retroceso del estatus de clase media y emergencia de la “clase media baja”
  La autopercepción de clase en Argentina muestra un declive sostenido: entre 2011 y 2020, quienes se identificaban como clase media pasaron del 54% al 29%. Aunque en 2023 hubo una leve recuperación (40%), el peso creciente de la “clase media baja” revela una redefinición identitaria. Esta categoría no solo refleja empobrecimiento material, sino también una estrategia simbólica para no abandonar la identidad de clase media, sosteniendo valores como la educación y la autonomía, aunque en condiciones más precarias. Para el campo político, esta categoría se vuelve central: expresa malestar, pero no renuncia a su identidad cultural.
• Desigualdad creciente en los procesos de financiarización

La estabilización macro no implica que “todos estén mejor”, sino que en muchos sentidos las brechas se profundizan. Por ejemplo, la financiarización de ingresos creció en todos los sectores, pero solo el 1% de los hogares de los quintiles bajos recibe rentas financieras, frente al 9% de los más ricos. Del mismo modo, mientras unos se endeudan para invertir o comprar bienes duraderos, otros lo hacen para comer. El mismo proceso –endeudarse– significa capitalización para unos y empobrecimiento para otros. Esta segmentación del impacto convierte la desigualdad en el prisma clave para interpretar la crisis.

• Desajuste entre prioridades ciudadanas y políticas oficiales
  Encuestas recientes muestran que el 83% de la población rechaza arancelar universidades, el 81% está en contra de eliminar subsidios a servicios públicos, el 72% apoya jubilaciones sin aportes completos y el 93% respalda subsidios a medicamentos para adultos mayores. En contraste, el gobierno ha vetado fondos universitarios, recortado jubilaciones y reducido subsidios. La organización de esa distancia entre lo que la sociedad reclama y lo que el gobierno ejecuta es uno de los mayores desafíos políticos actuales.

Assusa, G., & Mansilla, H. (2019). La clase social como posición y representación: Un análisis sociológico de la autoafiliación en la estructura social. Lavboratorio. Revista de Estudios sobre Cambio Estructural y Desigualdad Social, (29), 85-110. https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/lavboratorio/article/view/5124/4275

Assusa, G., Kessler, G., Monti, D., & Moriconi, M. (2025). Evitando los extremos (de la estructura social): Estatus social subjetivo y percepciones de la desigualdad social en la Argentina de la doble crisis. Cultura Y Representaciones Sociales, 19(38), 33. Recuperado a partir de https://www.culturayrs.unam.mx/index.php/CRS/article/view/12827

Benza, G. M., Dalle, P. M., & Maceira, V. V. (2022). Estructura de clases de Argentina (2015-2021): Efectos de la doble crisis pre pandemia y pandemia en el empleo, los ingresos y los gastos de los hogares. En P. Dalle (Comp.), Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia (Vol. 1, pp. 3-52). Buenos Aires: Imago Mundi.

Kessler, G. (2024). Un fantasma recorre nuestra sociedad. El impulso igualitario en la obra de Juan Carlos Torre. En Pereyra, S., Smulovitz, C., & Armelino, M. (Eds.). Por qué leer a Juan Carlos Torre. Buenos Aires: Edhasa. ISBN 978-9876287548

Rodríguez de la Fuente, J., Mansilla, H., & Assusa, G. (2025). Al borde del desbarranco: La clase media baja como emergente identitario en el contexto de crisis de reproducción social en la Argentina. En V. Maceira (Comp.), Argentina en disputa: Clases, actores y políticas frente a la desigualdad social (pp. 187-208). Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento. https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/253376/1/Argentina-en-disputa.pdf

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Sánchez, M. S. (2024). Cuando las inversiones se popularizan. Finanzas digitales e inversores amateurs en Argentina. Estudios Sociológicos De El Colegio De México, 42, 1–26. https://doi.org/10.24201/es.2024v42.e2531

NOTAS

[1] Sobre esto también existe debate. Ver https://www.infobae.com/economia/2025/08/29/una-nueva-estimacion-privada-aseguro-que-la-pobreza-supera-el-43-por-ciento/, https://www.perfil.com/noticias/politica/la-universidad-de-la-pampa-estima-que-la-pobreza-se-ubica-en-el-434.phtml, https://www.eldestapeweb.com/economia/pobreza/la-pobreza-seria-9-puntos-mas-alta-con-la-nueva-canasta-que-el-indec-demora-2025831195752.

[2] https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-BasesDeDatos.

[3] https://www.ambito.com/economia/motosierra-recayo-los-jubilados-el-26-del-ajuste-aplicado-el-gobierno-el-ano-n6061688.

[4] https://chequeado.com/el-explicador/superavit-fiscal-el-recorte-a-las-jubilaciones-represento-3-de-cada-10-pesos-ahorrados-por-el-gobierno-en-los-primeros-5-meses-del-ano/.

[5] https://chequeado.com/el-explicador/jubilaciones-como-evolucionaron-en-los-gobiernos-de-macri-y-fernandez-y-a-que-apunta-milei/ y https://fund.ar/wp-content/uploads/2024/12/Fundar_Ingresos-populares-bajo-el-gobierno-de-Milei_CC-BY-NC-ND-4.0-1.pdf.

[6] https://www.infobae.com/salud/2024/12/02/medicamentos-del-pami-cuales-son-los-cambios-en-la-cobertura-para-los-jubilados-y-pensionados/?gad_source=1&gad_campaignid=21937287514&gbraid=0AAAAADmqXxQszb6nQ2C3jZjDVqdelRCJ4&gclid=CjwKCAjwiNXFBhBKEiwAPSaPCVO4fRfc66uBLDel0AGhJIdNXaFmZ9l4hmyzN_RBA2hdC5k9Gq6Y4hoCbdAQAvD_BwE.

[7] https://www.pagina12.com.ar/847138-jubilados-reclaman-que-se-declare-la-emergencia-alimentaria-, https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/legisladores-de-la-oposicion-piden-la-declaracion-de-la-emergencia-alimentaria/.

[8] Para ver un estudio sobre la popularización de inversores digitales amateur, ver Sánchez (2024).

[9] https://www.lapoliticaonline.com/economia/alarma-en-los-bancos-por-la-suba-de-la-morosidad/

[10] https://centrora.economicas.uba.ar/wp-content/uploads/Mas-tarjeta-menos-changuito-senales-de-alerta-en-el-consumo-basico.pdf